• El Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han diseñado un marco financiero que permitiría movilizar recursos para la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) si el consorcio internacional elige La Palma como sede. 
• La propuesta amplía el compromiso anunciado hace un año por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que contemplaba una aportación pública de 400 millones de euros a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). 
• El esquema financiero podría llegar a contar con la participación del BEI y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (MINECO), que estudian aportar en condiciones equivalentes hasta 300 millones de euros cada uno, sujeto a la conclusión satisfactoria de los procesos de evaluación técnica, financiera y jurídica y a la aprobación de sus respectivos órganos de gobierno. El Estado podría apostar también por el proyecto a través de la cobertura de Cesce.

El Gobierno de España y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han diseñado un marco financiero que permitiría movilizar hasta 1.000 millones de euros para la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, lo que permitiría albergar en el país el mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte. 

La propuesta financiera, supeditada a que el consorcio internacional elija La Palma como sede del TMT, contempla una inversión de 400 millones de euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), mientras que los otros 300 millones procederían de un préstamo del BEI, sujeto a la conclusión satisfactoria de los procesos de evaluación técnica, financiera y jurídica y a la aprobación de sus órganos de gobierno. 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) también valora una posible participación de hasta 300 millones de euros adicionales, que se articularía en condiciones equivalentes a las del BEI. Esta participación queda sujeta a la definición final de la estructura del proyecto, a la acreditación de su viabilidad financiera, a la conclusión satisfactoria de los correspondientes procesos de análisis y due diligence y a la aprobación de los órganos competentes del Instituto. Asimismo, el Estado podría apostar también por el proyecto a través de la cobertura de Cesce, sujeta también a la aprobación de los órganos competentes. 

La documentación elaborada prevé además que el BEI pueda estudiar una participación adicional mediante mecanismos de financiación intermediada o garantías, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para ello. Este planteamiento convierte la candidatura española en una de las propuestas financieramente más sólidas presentadas hasta la fecha. El modelo, desarrollado conjuntamente por el CDTI y el BEI concluye que la estructura diseñada es capaz de sostener tanto la construcción del telescopio como su operación científica durante más de cincuenta años. 

La propuesta representa un paso adelante respecto al anuncio realizado el pasado año por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, cuando el Ejecutivo trasladó al consorcio internacional su disposición a aportar 400 millones de euros a través del CDTI, condicionados a la elección de La Palma como emplazamiento del proyecto. 

Tras un año de trabajo conjunto entre el MICIU, el CDTI, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el BEI, el ICO y el consorcio internacional del TMT, esa propuesta inicial se ha transformado en una arquitectura financiera completa que dota al proyecto de la capacidad económica necesaria para abordar tanto su construcción como su sostenibilidad a largo plazo. 

Junto al componente financiero, España ha presentado una propuesta integral basada en la excelencia científica del Observatorio del Roque de los Muchachos, el elevado grado de preparación técnica —con permisos, estudios e ingeniería ya completados— y un modelo de gobernanza estable que garantiza la participación y los derechos de todos los miembros del consorcio internacional durante toda la vida útil del proyecto.